Por Iván Herrera Michel
Es cierto que en su acta fundacional del
9 de mayo de 1867 la Sociedad Hermanos de la Caridad acordó propender al
establecimiento de un hospital, pero expresar un propósito no equivale a crear
jurídicamente una institución, financiarla ni construirla.
De hecho, la creación efectiva del
Hospital de Caridad fue dispuesta mediante una ley de la Asamblea Legislativa
del Estado Soberano de Bolívar del 5 de octubre de 1871, expedida después de
que las difíciles condiciones sanitarias de Barranquilla, agravadas por la epidemia
de tabardillo (tifus exantemático, una enfermedad infecciosa grave y
potencialmente mortal), dejaran en evidencia la urgente necesidad de contar con
un establecimiento hospitalario.
La ley ordenó establecer el hospital y
apropió seis mil pesos, que, al resultar insuficientes, el 15 de febrero de
1872 se crearon dos “Comisiones Hospitalarias”, una de hombres y otra de
mujeres, encargadas de cooperar en su realización, completamente independientes
de la Sociedad Hermanos de la Caridad y de cualquier Logia Masónica que
funcionara en Barranquilla.
Más adelante aparece la Junta Directiva
del Hospital de Caridad, encargada
de impulsar y administrar el hospital, presidida por Julián Ponce, quien
consiguió una casa en donde instaló algunas camas, adquirió el terreno en el cual
se levantaría el edificio, promovió su construcción y gestionó la llegada de
las Hermanas Dominicas de la Presentación, encargadas de administrarlo desde su
apertura en 1876.
Después de Julián Ponce siguieron como
presidentes de la Junta Directiva del Hospital Mauricio Buitrago, Manuel
Insignares, Arturo Aycardi, José Víctor Dugand y Rogelio García, de quienes tampoco
existe constancia documental verificable de que alguno de ellos hubiera sido
miembro de la Sociedad Hermanos de la Caridad o de la Masonería barranquillera.
Lo mismo sucede con Julián Ponce. Hasta
ahora no se conoce un documento
contemporáneo público o privado del que se pruebe o se deduzca que hubiera sido Masón o integrante
de la Sociedad Hermanos de la Caridad.
Por su parte, la Junta del Hospital
tenía naturaleza pública, aunque estuviera integrada por ciudadanos
particulares y recurriera a colectas y donaciones. Su actuación provenía de una
decisión de la Asamblea Legislativa, contaba con una apropiación inicial del tesoro público y estaba destinada a establecer y administrar
una institución de beneficencia pública. Lo cual correspondía al modelo
habitual del siglo XIX, en el que el Estado confiaba determinadas funciones
sociales a juntas de ciudadanos notables.
Y no estamos hablando de una institución
menor. Desde que abrió sus puertas en 1876, el Hospital de Caridad se convirtió
en el principal refugio de salud de los sectores populares de Barranquilla,
atendió enfermos durante epidemias, recibió heridos en las guerras civiles,
formó generaciones de médicos y acompañó el crecimiento de la ciudad durante
siglo y medio. Cambió de nombre, fue ampliado, atravesó crisis y
transformaciones, pero nunca perdió su condición de hospital público al
servicio de quienes más lo necesitaban. Buena parte de la historia social y
médica de Barranquilla pasó por sus salas, habitaciones y quirofanos, de manera que aclarar su verdadero
origen es una forma de reconocer con justicia el valor de una de las
instituciones más antiguas y queridas de la ciudad.
En honor a la verdad, la Sociedad
Hermanos de la Caridad tuvo el mérito de incluirlo entre sus aspiraciones, pero
los documentos conocidos muestran que fue el Estado Soberano de Bolívar el que
le dio existencia jurídica, aportó los primeros recursos y promovió las “Comisiones
Hospitalarias” que lo convirtieron en realidad. La historia no se aclara
repitiendo durante muchos años una versión, sino preguntando qué documento la
respalda.
El mito Masónico que ha hecho carrera consiste en
afirmar que la Sociedad Hermanos de la Caridad y/o la Masonería crearon,
construyeron, financiaron o fueron propietaria del Hospital de Caridad sin
contar con documentos que lo prueben. Reconocerlo no disminuye la importancia
histórica de ninguna institución.
Simplemente devuelve a la verdad
histórica el lugar que realmente le corresponde, y no le hace daño a nadie.
